La reforma laboral 2026 en Argentina propone cambios en la contratación, las indemnizaciones y el empleo formal. Claves del proyecto que debatió y aprobó el Congreso. El proyecto de reforma laboral que se debate en Argentina introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y redefine varios aspectos centrales de la relación laboral.
Informe del estudio Indulski-Rossi
La iniciativa propone reescribir artículos vinculados a la definición del vínculo laboral, los criterios de interpretación judicial, los regímenes de solidaridad entre empleadores, la jornada de trabajo, la registración del personal, los recibos de sueldo, la extinción del contrato y la actualización de los créditos laborales. En términos prácticos, estos cambios obligarán a las empresas a revisar sus procesos internos de contratación y administración del personal.
Uno de los objetivos principales del proyecto es generar mayor previsibilidad jurídica. Según el enfoque de la reforma, las empresas que mantengan una registración adecuada y una documentación clara de las relaciones laborales contarán con mejores herramientas probatorias frente a eventuales conflictos judiciales.
En este sentido, el proyecto busca ordenar los criterios interpretativos y reducir la discrecionalidad en la valoración de pruebas, siempre que el empleador pueda demostrar cumplimiento formal y documental de las obligaciones laborales.
Otro de los ejes relevantes de la iniciativa es la organización del tiempo de trabajo. El proyecto abre la puerta a nuevas herramientas de gestión de jornada, entre ellas esquemas de compensación de horas o sistemas de “banco de horas”, que permitirían mayor flexibilidad en la distribución del tiempo laboral.
Este tipo de mecanismos, ya utilizados en distintos países, podría facilitar la adaptación de las empresas a picos de actividad o variaciones en la demanda, aunque requerirá controles más precisos sobre el registro de la jornada.
La reforma también introduce cambios en la determinación de las indemnizaciones y en el régimen de pagos dentro de procesos judiciales. La intención es objetivar ciertos criterios que actualmente generan controversias en tribunales, especialmente en relación con la base de cálculo indemnizatoria. De concretarse estas modificaciones, las empresas contarían con reglas más claras para estimar costos ante eventuales desvinculaciones o litigios laborales.
Sin embargo, especialistas advierten que el principal riesgo no radica en el contenido de la reforma, sino en la falta de adaptación de las empresas al nuevo estándar de cumplimiento. Si las organizaciones no actualizan sus mecanismos de registración, control horario o documentación contractual, es probable que la litigiosidad aumente durante el período de transición normativa.
Los conflictos podrían concentrarse especialmente en la prueba de la jornada laboral y en la discusión sobre si ciertos vínculos corresponden a relaciones laborales o a contratos autónomos.
Frente a este escenario, los expertos recomiendan una consigna clara: adecuación y evidencia. En otras palabras, anticiparse a los cambios mediante una registración consistente del personal, sistemas confiables de control de jornada, protocolos claros de contratación y desvinculación, y una trazabilidad completa de los pagos.
Las empresas que implementen estos mecanismos podrán aprovechar los beneficios de la reforma, mientras que aquellas que no se adapten a tiempo podrían enfrentar un aumento significativo de su exposición legal.
Fuente. Estudio Jurídico Indulski-Rossi & Asociados | Guía institucional para empleadores (Proyecto de Modernización Laboral) GUÍA INSTITUCIONAL PARA EMPLEADORES. Proyecto de Ley de Modernización Laboral (análisis comparativo con Ley 20.744 y conexas)